Cuando la burbuja te explota a ti
La trampa de una vivienda que no se puede pagar afecta a la salud mental de miles de ciudadanos
Los expertos piden que se potencie la atención primaria para minimizar las depresiones tras los desahucios
Un desahucio ejecutado en la Avenida de la Albufera, Madrid. / Álvaro García
Nines Díaz, de 39 años y madre de una adolescente, adquirió en 2004 un piso en San Martín de la Vega, 31 kilómetros al sur de Madrid. Le costó 144.000 euros y paga una hipoteca de 700 euros al mes. Entonces estas cifras tenían sentido, pero hoy están muy por encima de mercado. Su barrio, El Quiñón, ha sufrido en estos años un importante deterioro. Muchos vecinos han sido desahuciados y sus viviendas, ahora vacías y de los bancos, están siendo okupadas por decenas de familias y personas que vienen y van. Comprar un piso en la zona cuesta ahora 35.000 euros. Y ni con ese precio se venden.
Para Nines, pagar 700 euros mensuales por un piso que podría alquilar por 300 euros se ha convertido en un angustioso runrún mental. “Ves que el piso ya no lo vale y te preguntas, ¿qué estoy pagando? Si por 500 euros podría alquilar hasta un chalé. ¿Me merece la pena estar pagando tanto de más?”. A la sensación de estar tirando el dinero se une el miedo a perder el trabajo. “Estamos asustados. En la empresa de distribución de material médico en la que trabajo nos han hecho un ERE temporal del 25% [ERTE] y mi marido trabaja en un supermercado donde cada día ve cómo cae la caja”. La madrileña está sufriendo el estrés emocional de estas preocupaciones: “Duermo fatal, nunca más de cuatro horas porque a las cinco me despierto. Y para conciliar el sueño tomo calmantes y ansiolíticos. No puedo dejar de pensar en toda la situación, no dejo de pensar en si no lo hubiese comprado. Me siento estafada; estafada por el mundo”.
En 2006, Manuel (nombre ficticio) y su mujer compraron una casa en Ávila para pasar los fines de semana con sus hijos. Una casa amplia con jardín y vistas por la que pidieron un crédito de 280.000 euros. La disfrutaron un par de años, después se divorciaron. “Lo de los niños, los horarios, todo eso lo llevamos bien. Lo que está siendo horrible es lo de la casa”.
La vivienda, por la que pagan una hipoteca de 1.100 euros, lleva más de un año en venta. Empezaron ofertándola por 290.000 euros y en estos momentos piden 235.000. Aun suponiendo que lograran venderla, tendrían que pedir un nuevo crédito por la diferencia. Ya lo han hablado con la entidad, que les pide que hipotequen una segunda vivienda de la familia de ella para concederles este nuevo préstamo. “Todo para pagar unos 40.000 euros por nada, porque la casa ya no será nuestra”, recalca Manuel. La entidad les ha explicado que tienen dos opciones, seguir pagando 1.100 euros al mes durante dos años o pagar 100 euros al mes durante 30 años. “Pagando todos los meses, más allá de la jubilación, 100 euros por algo que no tienes, recordándote cada mes tu error”, dice. “Pienso mucho en todo esto. La sensación de ‘la cagué’ no me la puedo quitar de encima. Te sientes perdedor, con una lacra de por vida. Es muy duro. Y obsesivo”.
Detrás de la burbuja inmobiliaria hay decenas de personas que, como Manuel y Nines, lidian cada día con las preocupaciones de un mercado inmobiliario que se ha puesto patas arriba. En el mes de mayo, el portal inmobiliario idealista.com registró su récord “absoluto” de bajadas de precio, tanto en volumen como por cantidad: 47.340 vendedores recortaron los precios en sus viviendas en venta con un descuento medio del 12%. Y detrás de muchas de esas rebajas hay horas de sufrimiento.
Fernando Encinar, socio del portal inmobiliario, establece dos diferencias temporales entre los propietarios. “Los que compraron antes de 2000 no están preocupados, aunque saben que si lo venden ahora no ganarán tanto como si lo hubiesen hecho antes. Pero los que lo hicieron a partir de 2004 saben que están pagando hipotecas por un valor por encima del real. Dentro de este grupo están los que lo pueden pagar y, aunque les da rabia, piensan que es su casa y están a gusto en ella. Saben que tienen que esperar muchos años o tendrán que venderla por debajo de lo que pagaron. Y luego están los que necesitan vender y se mueven entre la desesperación, la sorpresa y el miedo. Y por último están los desahuciados, que es lo más dramático, claro”.
Se calcula que desde que empezó la crisis se han iniciado cerca de 400.000 procesos de ejecución hipotecaria, aunque la estadística no distingue cuáles corresponden a viviendas habituales o segundas residencias. Según los datos que publicó ayer la Asociación Hipotecaria Española (AHE), entre enero y junio la justicia ha autorizado el desalojo de 37.092 inmuebles y se han iniciado 48.213 procesos de ejecución, un 15% más que en el mismo periodo del año anterior.
Las plataformas de afectados por la hipoteca, el paño de lágrimas al que llegan cada día decenas de personas desesperadas por sus deudas hipotecarias, se indignaron, pero no se sorprendieron cuando la semana pasada trascendieron dos terribles noticias relacionadas con los desahucios. En Granada, José Miguel Domingo, de 53 años, se ahorcó horas antes de que la comisión judicial llamara a su puerta. Tal fue la consternación por su muerte, que la entidad, Caja Rural de Granada, tuvo que emitir un comunicado expresando sus condolencias (al menos un cajero de la entidad amaneció bañado en pintura roja). Un día más tarde, en Burjassot (Valencia), un hombre de su misma edad saltó por la ventana de su segundo piso cuando la comisión judicial entraba por la puerta (su vida no corre peligro). Su mujer asistió a la escena desde la cama, pues sufre depresión severa.
“Por desgracia, estas noticias no nos han sorprendido”, empieza Ada Colau, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Cataluña, la pionera. “Entre nuestros afectados ya hemos tenido intentos de suicidios y muchos nos dicen que lo han pensado. Tenemos los dos extremos, los que lo viven hacia dentro y hablan de suicidio y los que lo viven hacia fuera y hablan de ponerle una bomba al banco. Cuando se dan situaciones límite, como es perderlo todo, la gente tiene reacciones límite”. Colau culpa al Estado de parte de esta desesperación: “Nadie te da un horizonte de recuperación y la propia Administración te culpabiliza. No es extraño que a la gente se le pase por la cabeza. Por eso uno de nuestros principales retos es romper el bloqueo y la soledad de quienes llegan”.
Luis Barriga, trabajador social y miembro de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, tampoco se sorprendió con las dos terribles noticias. “Cuando una persona se encuentra sin salidas puede tomar decisiones de este tipo. No todo el mundo tiene la capacidad ni las redes familiares necesarias para afrontar un empobrecimiento repentino al que hay que sumar la falta de esperanza”, empieza. “Al shock muchas veces sigue una situación de parálisis. Y eso, cuando uno ha entrado en mora, agrava las cosas porque cada día cuenta. Incluso se podría decir que los afectados se encuentran en una situación similar al duelo por la muerte de alguien. Tú tenías un proyecto de vida y se produce un empobrecimiento repentino que lo rompe. Tienes que reponerte y para eso tienes que pasar un duelo por la que creías iba a ser tu vida. Hay quien no puede y entra en una fase de negación y eso produce una bola de nieve de la que no se sale”.
Barriga ha ayudado a Castilla y León a diseñar una red de apoyo y asesoramiento a los afectados que negocie en su nombre con las entidades. Esta semana se han empezado a abrir las primeras de 27 oficinas en las que habrá dos profesionales, uno para la atención jurídica y otro para la social. “La idea es que detecten posibles problemas y los deriven a tiempo, porque desde el punto de vista psicológico estos casos requieren de una actuación rápida”.
De la importancia de derivar a tiempo a las personas deprimidas habla también Rafael del Pino, psiquiatra y director del II Plan Integral de Salud Mental de Andalucía. “Es muy importante la atención primaria porque hay casos que se pueden cronificar si no se detectan”, explica, aunque puntualiza: “Hay que diferenciar tristeza, que es una respuesta adaptativa, de depresión, que es una reacción disfuncional”. En tiempos de crisis, explica el psiquiatra, se producen más “situaciones adaptativas, depresiones leves o moderadas, que no hay por qué tratar con antidepresivos”. Los síntomas de las personas que pasan por estas fases son “angustia, insomnio, falta de apetito, bloqueo y, con él, pérdida de la capacidad de análisis”.
Según un estudio reciente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la crisis ha disparado en un 10% las consultas relacionadas con los problemas de salud mental, que están detrás del 6,7% de las bajas laborales que tramita. De estas bajas, el 56,6% son por problemas de depresión o ansiedad. “No son cuadros menores, producen un sufrimiento muy importante. Y tienen un coste económico elevado al que se suman los problemas derivados de los recortes”, continúa el psiquiatra. Se calcula que el impacto económico de los problemas de salud mental equivale a entre el 3% y el 4% del PIB de la UE. Y valga el ejemplo de Andalucía para sacar conclusiones: la duración media de una baja laboral es de 41 días; cuando la causa es un problema relacionado con la salud mental, la media se eleva a 69 días. Si es por depresión, a 88.
¿Cuántos de estos casos acaban en suicidio? No hay suficientes estudios para poder abordar el tema, al menos en España, según apuntan tanto Del Pino como José Antonio Espino, jefe de Salud Mental del hospital de Majadahonda. En Grecia, el Ministerio de Sanidad publicó recientemente un dato escalofriante: la tasa de suicidios aumentó entre enero y mayo de 2011 un 40% respecto al año anterior. Según la Organización Mundial de la Salud, un incremento del 1% en la tasa de paro se traduce en un incremento del 0,8% en la tasa de suicidios. “Y también sabemos que el riesgo de suicidio es mayor si no hay cobertura de desempleo y políticas de bienestar”, dice Espino. “En los años ochenta se hizo un estudio comparativo entre Suecia y España que mostró que el impacto en las tasas de suicidio era mayor en España”, explica.
A principios de octubre, Rocío Pérez, una inmigrante peruana de 42 años residente en Madrid, emprendió a la desesperada una huelga de hambre para intentar parar su inminente desahucio. Atendía a la prensa con un hilo de voz y un arsenal de medicamentos en el bolso. Madre de dos hijas, el verse en la calle le desencadenó un cuadro de dolencias de las que le costará recuperarse. Rocío logró su objetivo, el banco le dejará permanecer a cambio de un alquiler de 250 euros, pero sus pastillas antidepresivas siguen en el bolso. “Me encuentro mejor, aunque sigo con ansiedad. No tengo trabajo y para que no me echen del piso tengo que pagar antes del 6 de cada mes el alquiler. Dependo del dinero que me da mi exmarido por las niñas. El abogado de la PAH me dice que para evitar esa sensación procure tener el dinero desde el mes anterior. La pena es que me es imposible”.
Para Nines, pagar 700 euros mensuales por un piso que podría alquilar por 300 euros se ha convertido en un angustioso runrún mental. “Ves que el piso ya no lo vale y te preguntas, ¿qué estoy pagando? Si por 500 euros podría alquilar hasta un chalé. ¿Me merece la pena estar pagando tanto de más?”. A la sensación de estar tirando el dinero se une el miedo a perder el trabajo. “Estamos asustados. En la empresa de distribución de material médico en la que trabajo nos han hecho un ERE temporal del 25% [ERTE] y mi marido trabaja en un supermercado donde cada día ve cómo cae la caja”. La madrileña está sufriendo el estrés emocional de estas preocupaciones: “Duermo fatal, nunca más de cuatro horas porque a las cinco me despierto. Y para conciliar el sueño tomo calmantes y ansiolíticos. No puedo dejar de pensar en toda la situación, no dejo de pensar en si no lo hubiese comprado. Me siento estafada; estafada por el mundo”.
En 2006, Manuel (nombre ficticio) y su mujer compraron una casa en Ávila para pasar los fines de semana con sus hijos. Una casa amplia con jardín y vistas por la que pidieron un crédito de 280.000 euros. La disfrutaron un par de años, después se divorciaron. “Lo de los niños, los horarios, todo eso lo llevamos bien. Lo que está siendo horrible es lo de la casa”.
La vivienda, por la que pagan una hipoteca de 1.100 euros, lleva más de un año en venta. Empezaron ofertándola por 290.000 euros y en estos momentos piden 235.000. Aun suponiendo que lograran venderla, tendrían que pedir un nuevo crédito por la diferencia. Ya lo han hablado con la entidad, que les pide que hipotequen una segunda vivienda de la familia de ella para concederles este nuevo préstamo. “Todo para pagar unos 40.000 euros por nada, porque la casa ya no será nuestra”, recalca Manuel. La entidad les ha explicado que tienen dos opciones, seguir pagando 1.100 euros al mes durante dos años o pagar 100 euros al mes durante 30 años. “Pagando todos los meses, más allá de la jubilación, 100 euros por algo que no tienes, recordándote cada mes tu error”, dice. “Pienso mucho en todo esto. La sensación de ‘la cagué’ no me la puedo quitar de encima. Te sientes perdedor, con una lacra de por vida. Es muy duro. Y obsesivo”.
Detrás de la burbuja inmobiliaria hay decenas de personas que, como Manuel y Nines, lidian cada día con las preocupaciones de un mercado inmobiliario que se ha puesto patas arriba. En el mes de mayo, el portal inmobiliario idealista.com registró su récord “absoluto” de bajadas de precio, tanto en volumen como por cantidad: 47.340 vendedores recortaron los precios en sus viviendas en venta con un descuento medio del 12%. Y detrás de muchas de esas rebajas hay horas de sufrimiento.
Fernando Encinar, socio del portal inmobiliario, establece dos diferencias temporales entre los propietarios. “Los que compraron antes de 2000 no están preocupados, aunque saben que si lo venden ahora no ganarán tanto como si lo hubiesen hecho antes. Pero los que lo hicieron a partir de 2004 saben que están pagando hipotecas por un valor por encima del real. Dentro de este grupo están los que lo pueden pagar y, aunque les da rabia, piensan que es su casa y están a gusto en ella. Saben que tienen que esperar muchos años o tendrán que venderla por debajo de lo que pagaron. Y luego están los que necesitan vender y se mueven entre la desesperación, la sorpresa y el miedo. Y por último están los desahuciados, que es lo más dramático, claro”.
Se calcula que desde que empezó la crisis se han iniciado cerca de 400.000 procesos de ejecución hipotecaria, aunque la estadística no distingue cuáles corresponden a viviendas habituales o segundas residencias. Según los datos que publicó ayer la Asociación Hipotecaria Española (AHE), entre enero y junio la justicia ha autorizado el desalojo de 37.092 inmuebles y se han iniciado 48.213 procesos de ejecución, un 15% más que en el mismo periodo del año anterior.
Las plataformas de afectados por la hipoteca, el paño de lágrimas al que llegan cada día decenas de personas desesperadas por sus deudas hipotecarias, se indignaron, pero no se sorprendieron cuando la semana pasada trascendieron dos terribles noticias relacionadas con los desahucios. En Granada, José Miguel Domingo, de 53 años, se ahorcó horas antes de que la comisión judicial llamara a su puerta. Tal fue la consternación por su muerte, que la entidad, Caja Rural de Granada, tuvo que emitir un comunicado expresando sus condolencias (al menos un cajero de la entidad amaneció bañado en pintura roja). Un día más tarde, en Burjassot (Valencia), un hombre de su misma edad saltó por la ventana de su segundo piso cuando la comisión judicial entraba por la puerta (su vida no corre peligro). Su mujer asistió a la escena desde la cama, pues sufre depresión severa.
“Por desgracia, estas noticias no nos han sorprendido”, empieza Ada Colau, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Cataluña, la pionera. “Entre nuestros afectados ya hemos tenido intentos de suicidios y muchos nos dicen que lo han pensado. Tenemos los dos extremos, los que lo viven hacia dentro y hablan de suicidio y los que lo viven hacia fuera y hablan de ponerle una bomba al banco. Cuando se dan situaciones límite, como es perderlo todo, la gente tiene reacciones límite”. Colau culpa al Estado de parte de esta desesperación: “Nadie te da un horizonte de recuperación y la propia Administración te culpabiliza. No es extraño que a la gente se le pase por la cabeza. Por eso uno de nuestros principales retos es romper el bloqueo y la soledad de quienes llegan”.
Luis Barriga, trabajador social y miembro de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, tampoco se sorprendió con las dos terribles noticias. “Cuando una persona se encuentra sin salidas puede tomar decisiones de este tipo. No todo el mundo tiene la capacidad ni las redes familiares necesarias para afrontar un empobrecimiento repentino al que hay que sumar la falta de esperanza”, empieza. “Al shock muchas veces sigue una situación de parálisis. Y eso, cuando uno ha entrado en mora, agrava las cosas porque cada día cuenta. Incluso se podría decir que los afectados se encuentran en una situación similar al duelo por la muerte de alguien. Tú tenías un proyecto de vida y se produce un empobrecimiento repentino que lo rompe. Tienes que reponerte y para eso tienes que pasar un duelo por la que creías iba a ser tu vida. Hay quien no puede y entra en una fase de negación y eso produce una bola de nieve de la que no se sale”.
Barriga ha ayudado a Castilla y León a diseñar una red de apoyo y asesoramiento a los afectados que negocie en su nombre con las entidades. Esta semana se han empezado a abrir las primeras de 27 oficinas en las que habrá dos profesionales, uno para la atención jurídica y otro para la social. “La idea es que detecten posibles problemas y los deriven a tiempo, porque desde el punto de vista psicológico estos casos requieren de una actuación rápida”.
De la importancia de derivar a tiempo a las personas deprimidas habla también Rafael del Pino, psiquiatra y director del II Plan Integral de Salud Mental de Andalucía. “Es muy importante la atención primaria porque hay casos que se pueden cronificar si no se detectan”, explica, aunque puntualiza: “Hay que diferenciar tristeza, que es una respuesta adaptativa, de depresión, que es una reacción disfuncional”. En tiempos de crisis, explica el psiquiatra, se producen más “situaciones adaptativas, depresiones leves o moderadas, que no hay por qué tratar con antidepresivos”. Los síntomas de las personas que pasan por estas fases son “angustia, insomnio, falta de apetito, bloqueo y, con él, pérdida de la capacidad de análisis”.
Según un estudio reciente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la crisis ha disparado en un 10% las consultas relacionadas con los problemas de salud mental, que están detrás del 6,7% de las bajas laborales que tramita. De estas bajas, el 56,6% son por problemas de depresión o ansiedad. “No son cuadros menores, producen un sufrimiento muy importante. Y tienen un coste económico elevado al que se suman los problemas derivados de los recortes”, continúa el psiquiatra. Se calcula que el impacto económico de los problemas de salud mental equivale a entre el 3% y el 4% del PIB de la UE. Y valga el ejemplo de Andalucía para sacar conclusiones: la duración media de una baja laboral es de 41 días; cuando la causa es un problema relacionado con la salud mental, la media se eleva a 69 días. Si es por depresión, a 88.
¿Cuántos de estos casos acaban en suicidio? No hay suficientes estudios para poder abordar el tema, al menos en España, según apuntan tanto Del Pino como José Antonio Espino, jefe de Salud Mental del hospital de Majadahonda. En Grecia, el Ministerio de Sanidad publicó recientemente un dato escalofriante: la tasa de suicidios aumentó entre enero y mayo de 2011 un 40% respecto al año anterior. Según la Organización Mundial de la Salud, un incremento del 1% en la tasa de paro se traduce en un incremento del 0,8% en la tasa de suicidios. “Y también sabemos que el riesgo de suicidio es mayor si no hay cobertura de desempleo y políticas de bienestar”, dice Espino. “En los años ochenta se hizo un estudio comparativo entre Suecia y España que mostró que el impacto en las tasas de suicidio era mayor en España”, explica.
A principios de octubre, Rocío Pérez, una inmigrante peruana de 42 años residente en Madrid, emprendió a la desesperada una huelga de hambre para intentar parar su inminente desahucio. Atendía a la prensa con un hilo de voz y un arsenal de medicamentos en el bolso. Madre de dos hijas, el verse en la calle le desencadenó un cuadro de dolencias de las que le costará recuperarse. Rocío logró su objetivo, el banco le dejará permanecer a cambio de un alquiler de 250 euros, pero sus pastillas antidepresivas siguen en el bolso. “Me encuentro mejor, aunque sigo con ansiedad. No tengo trabajo y para que no me echen del piso tengo que pagar antes del 6 de cada mes el alquiler. Dependo del dinero que me da mi exmarido por las niñas. El abogado de la PAH me dice que para evitar esa sensación procure tener el dinero desde el mes anterior. La pena es que me es imposible”.
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