martes, 29 de septiembre de 2020

1 de cada 3 personas en el mundo no pueden acceder a medicamentos seguros y eficaces

28-09-2020
La Asociación Acceso Justo al Medicamento debate sobre las vacunas contra el covid-10 y los problemas de accesibilidad y asequibilidad

La Asociación Acceso Justo al Medicamento (AAJM) nació para promover cualquier acción que mejore la accesibilidad al medicamentos para todos aquel que lo necesite sin ningún tipo de distinción. Por eso han elegido el contexto actual para celebrar un interesante debate en forma de mesa redonda. "Ahora ha surgido una crisis sanitaria y asistencial que desconocíamos, cuyos efectos van a ser devastadores, especialmente para los más necesitados. Por eso hemos creído que debíamos abordar los problemas del covid-19 relacionados con la justa accesibilidad a vacunas y a medicamentos", manifiesta Juan José Rodríguez, presidente de la AAJM.

Fernando Lamata, especialista en psiquiatría, ex consejero de Sanidad de Castilla La-Mancha y ex secretario general de Sanidad durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, evidencia un escenario bastante demoledor. Habla de las políticas farmacéuticas, cuyo objetivo es "conseguir que toda la sociedad tenga acceso a medicamentos seguros, eficaces y asequible. Este es el objetivo de las políticas farmacéuticas de los gobiernos". Sin embargo, su opinión es que lo que están logrando "es engordar los bolsillos de las grandes corporaciones farmacéuticas, los fondos de inversión y sus altos ejecutivos".

Este punto de vista lo resume con unas cifras que evidencian el problema. "En 2019 estimamos un gasto total de farmacia en el mundo de 1,1 billones de euros. De ese dinero, 400 mil millones de euros se destinan a fabricar los medicamentos, la producción, la distribución, y un margen de beneficio industrial razonable. Además de eso, las empresas dicen que gastan unos 160 mil millones de euros anuales en investigación", expone. El resto, más de medio billón de euros, es beneficio. "Un beneficio abusivo", opina.

La razón que permite este beneficio son las patentes, porque facilitan poner un sobreprecio a los medicamentos, y ese sobreprecio se justifica porque es para financiar la investigación. "Pero nos quedan 700 mil millones para investigación, y solo gastan 160 mil. Deberían gastar el total y no bajar los precios o bien los gobiernos quitar que ese beneficio es abusivo y quitar la patente. Pero no lo hacen", lamenta. Como consecuencia de este modelo hay en el mundo 2.000 millones de personas (1 de cada 3) que no pueden acceder al medicamento seguro y eficaz en el momento en el que lo necesitan, y cada año fallecen 10 millones de personas por no tener el medicamento que les hubiese salvado la vida.

Sálvese quien pueda

En la situación actual de pandemia que nos ha sobrevenido, añade el político, cabrían valorar distintas políticas farmacéuticas de cara a desarrollar una vacuna que nos permita prevenir el coronavirus o resolverla con menos daño para la persona. "Se podría haber optado por dos opciones. Una alternativa es la de business as usual, es decir, seguir como siempre. Los gobiernos financian la investigación pero ceden a las empresas el desarrollo final para que puedan terminar la investigación fase 3 y patentar la vacuna. Pueden poner el precio que quieran y venderla a quien quieran", explica.

Pero esto tiene un problema y es que en la investigación habrá sesgo, "porque la dirige la industria farmacéutica y ahí no hay independencia", detalla. Además, "habrá una presión para conseguir ser el primero y por tanto pueden bajarse estándares de seguridad. Y también tiene un problema de acceso, no solo por el precio que se le pueda poner, sino por la capacidad de producción de las empresas, que es limitada a la titular de la patente o a quien autorice a producir".

La otra alternativa hubiese sido la de la "vacuna de la gente", como era conocida la de la polio. "Era una opción real que ya fue en varias ocasionas en la historia, y se habló de ello. Pero la realidad ha sido distinta", apostilla Lamata.

En consecuencia, en materia de investigación cada uno ha ido por su lado. "Han desarrollado proyectos paralelos, duplicando investigaciones y con más riesgo para el paciente que está en el ensayo clínico, retrasando el acceso al descubrimiento y a la comercialización. Por lo tanto, hay un problema de inversión ineficiente. Además, toda esa inversión pública, no tiene cláusulas de retorno de interés público".

En cuanto a la producción y distribución, el político las define como un sálvese quien pueda. "Aparte de los discursos de que la vacuna tenía que ser un bien público y para todos, la realidad es que Estados Unidos rápidamente hizo compra anticipada de vacunas, seguido de varios países europeos y de la Comisión europea". En este momento, especifica, "el 30% de la población de los países más ricos ya ha comprado anticipadamente más del 50% de las vacunas que se pueden producir en el primer año. Eso no parece que sea equitativo". En ese sentido, añade, "conviene saber que de esos negociadores que la UE ha puesto para las compras anticipadas, hay uno que se llama Richard Bergström que es el ex director general de la Efpia, la farmaindustria europea. Es disparatado, es insultante. Pero es la realidad".

Hace unos días, en su discurso en la ONU, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que "debemos garantizar el acceso equitativo a las vacunas contra la covid. No se trata solo de la opción más eficaz desde el punto de vista médico, es también un imperativo moral innegociable". Lamata manifiesta que está totalmente de acuerdo, pero que le diría que las políticas que se están haciendo en España y en la UE van en la dirección contraria. "La equidad con la compra de 1.000 millones de dosis por la UE y de dar a través del fondo Covax una calderilla para que se compren unas cuantas dosis para los países pobres, no existe", sentencia.

Mecanismos legales en la UE

Representando a la fundación Salud por Derecho, la farmacéutica y experta en Salud Global Eva Iráizoz, interviene para explicar el abordaje de los mecanismos legales en la UE para garantizar accesibilidad y asequibilidad a vacunas y medicamentos. "La pandemia nos ha dejado muchas oportunidades y también muchos retos. En el caso de las vacunas hay retos que los diferencian de los tratamientos y otras tecnologías sanitarias", señala.

Por un lado está el reto de la investigación, porque desde el principio ha sido necesario acelerar los procesos. Pero el grandísimo reto es la producción. "La producción global de vacunas es por el momento insuficiente, y por tanto garantizar que podamos fabricarlas de manera que podamos cubrir a la totalidad de la población mundial es un reto gigante. Y es un reto que está reñido íntimamente con las patentes y los monopolios", denuncia.

El tercer gran reto de las vacunas contra el coronavirus es, bajo su punto de vista la distribución. "Que esas vacunas no solo estén disponibles y se produzcan en cantidad suficiente, sino que se distribuyan de manera equitativa a nivel global. Es decir, que la prioridad esté en las poblaciones de riesgo y no en quién más pueda pagar. Y en términos de asequibilidad, lo siguiente que tiene que pasar es que están disponibles a un precio justo".

Con todos estos retos encima de la mesa, Europa se posicionó como uno de líderes globales en este esfuerzo por acelerar la investigación, el desarrollo y la producción de vacunas, tratamientos y otras tecnologías. Así lo hizo a finales de abril presentando junto a la OMS, Emmanuele Macron y la Fundación Gates la iniciativa Access to COVID-19 tools (ACT) accelerator, "desmarcándose de la política tan agresiva de EE.UU que ya en ese momento estaba asegurándose sus dosis. Pero los puntos críticos de este proyecto son muchos, principalmente el aspecto de la propiedad intelectual", detalla Iráizoz. Además, a pesar de esas buenas intenciones del principio, "a mediados de junio la CE presentó la Estrategia de Vacunas en la que puso en marcha los acuerdos de compra anticipada en nombre de los 27".

En este sentido, la especialista desgrana aspectos que preocupan desde la sociedad civil, aparte del viraje "totalmente nacionalista" de la UE. Por un lado, la falta de transparencia. "Los acuerdos de compra son confidenciales y hay orden para los Estados miembros de que lo sigan siendo", expone. Por otro, "se desconocen las condiciones en las que se ha negociado ese acuerdo, los términos, el precio acordado, qué pasa si la vacuna falla, y efectivamente, quien asumirá la responsabilidad si la vacuna falla. Según hemos podido conocer, los Estados van a ser los que asuman las indemnizaciones que se deriven de posibles demandas ante efectos inesperados, pese a que normalmente comparten esa responsabilidad con las empresas".

Además, en términos de gobernanza, "y eso es muy preocupante", se desconoce quién forma parte del equipo negociador. "Es inquietante habernos enterado a través de una filtración que Richard Bergström forma parte de ese equipo. Los conflictos de interés pueden estar ahí.

En definitiva, transparencia podría ser lo mínimo que esperamos de estos acuerdos que tienen una financiación pública directa". También podríamos esperar, añade, que estos acuerdos vinieran con una serie de condiciones para las empresas, por ejemplo límites a la propiedad intelectual, que ese producto se haga de manera no exclusiva. "Por supuesto no hay mención a cómo se fijará el precio futuro, ni a la obligatoriedad de compartir datos de los ensayos clínicos".

Eso sí, no todo es tan malo en Europa. "Por poner una nota positiva, el Parlamento Europeo ha reflejado todas estas cosas que nos preocupan en la resolución que aprobó en julio. Es una resolución muy interesante que se llama La estrategia de salud pública post covid-19 en la UE, y en ella el organismo insta a los Estados miembros y a la CE a que, por un lado, apoyen formalmente iniciativas que proponen el compartir conocimiento y ponerlo a disposición del público para evitar monopolios y esas licencias exclusivas y, por otra parte, a incorporar salvaguardas, que toda la financiación pública incorpore ejercicios de transparencia, etc".

Para finalizar, la portavoz de Salud por Derecho reflexiona que "desde la sociedad civil seguimos trabajando para que todo esto pueda ser una realidad, para que verdaderamente haya esa transparencia tan necesaria, para que se introduzcan salvaguardas de retorno público, para que esa distribución sea equitativa y para que el acceso sea verdaderamente universal y global".