El Congreso da luz verde a regular la participación de los pacientes en el SNS

El Congreso da luz verde a regular la participación de los pacientes en el SNS

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01-10-2020
La PNL aprobada por la Comisión de Sanidad incluye también una regulación de la financiación de las asociaciones

 

 

La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado una Proposición No de Ley sobre la participación de los pacientes en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y la financiación de las actividades de las asociaciones. La medida, presentada por el Grupo Parlamentario Popular a principios de septiembre, ha salido adelante gracias a un acuerdo previo con el grupo socialista.

En el texto de la PNL presentada ante la Comisión, se insta al Gobierno a presentar al Congreso de los Diputados un proyecto de ley para la reforma de la Ley 41/2002, Básica de Autonomía del Paciente a fin de "regular, para el conjunto del sistema sanitario, los derechos colectivos de información, propuesta y participación de las asociaciones de pacientes".

Asimismo, sugiere la necesidad de recabar la valoración por parte de estas asociaciones del Informe anual de funcionamiento del sistema sanitario y el de los Servicios Autonómicos de Salud, y al mismo, tiempo, de modificar también la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud para regular la participación de los pacientes en el Comité Consultivo del Consejo Interterritorial.

Por último, la iniciativa propone "establecer un marco regulatorio que garantice la transparencia en los modelos de financiación pública y privada de las asociaciones de pacientes, así como su independencia".

Bajo el punto de vista de los populares, si bien es cierto que ya hay algunos casos de participación (Comités Éticos, Ensayos Clínicos, Terapias Avanzadas, etc.), no pasan de ser supuestos puntuales para cuestiones concretas, que son más fruto de la "generosidad" administrativa, que del ejercicio de un derecho colectivo legalmente reconocido. "No hay, en efecto, una norma legal que de respaldo a la participación de los pacientes en el Comité Consultivo del Consejo Interterritorial del SNS ni en órganos similares de las Comunidades Autónomas. Esto conlleva que, cuando se llevan asuntos sanitarios de interés general al Consejo Interterritorial, las organizaciones y asociaciones de pacientes no pueden aportar sus propuestas y han de enterarse de lo que se acuerde, por los medios de comunicación".

A estos problemas, añade, se unen las dificultades económicas que soportan estas asociaciones para hacer frente a una amplia gama de actividades informativas y formativas y de colaboración con las administraciones sanitarias, que requieren una financiación para su sostenibilidad.

Por eso, "se considera impropio de un país con una sanidad moderna dificultar la actividad de las asociaciones de pacientes con prohibiciones radicales e indiscriminadas. Por el contrario, los poderes públicos han de evitar que se ponga en riesgo la subsistencia de estas entidades. Regular la financiación pública y privada con requisitos y procedimientos dotados de transparencia y respetuosos con la independencia de estas asociaciones es, a día de hoy, una prioridad sanitaria y social", concluye.