jueves, 10 de marzo de 2016

Un millón de españoles padece fibrilación auricular

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El 50% de los profesionales de centros de salud carece de guías o protocolos para el manejo del paciente anticoagulado, según el informe SAMOA de Boehringer Ingelheim.
En España hay un millón de personas con fibrilación auricular y más de 90.000 están sin diagnosticar. La fibrilación auricular (FA) es la anomalía cardíaca más frecuente en adultos y una de las principales causas de ictus, que cada año afecta a más de 120.000 personas en nuestro país5. Las personas con fibrilación auricular presentan mayor riesgo de formar coágulos sanguíneos, lo que a su vez aumenta cinco veces el riesgo de sufrir un ictus embolico. Ante este escenario, la compañía Boehringer Ingelheim presenta SAMOA, un informe elaborado por casi 900 profesionales médicos de distintas disciplinas para determinar cómo es la situación de la anticoagulación en España, identificar deficiencias y buscar la forma de mejorar dicha situación.  
En el marco del Día Europeo de la Prevención de Riesgo Cardiovascular, que se celebra el próximo 14 de marzo, y siguiendo su compromiso con la prevención del ictus, BoehringerIngelheim recuerda que conocer los factores de riesgo y controlarlos es básico para ayudar a prevenir las enfermedades cardiovasculares.
Según la Organización Mundial de la Salud, el 75% de las enfermedades cardiovasculares se puede atribuir a 6 factores de riesgo: hábito tabáquico, consumo de alcohol, hipertensión, colesterol, diabetes y obesidad. Todos estos factores de riesgo son modificables y pueden controlarse y prevenirse manteniendo una dieta sana, practicando ejercicio físico de forma regular y abandonando el tabaco. La preexistencia de otras anomalías cardiovasculares, como la fibrilación auricular, también elevan el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular pero la existencia de tratamientos anticoagulantes permite asimismo modelar y controlar este riesgo reduciendo en un 60% la probabilidad de sufrir un ictus en estos pacientes.
El informe SAMOA elaborado por Boehringer Ingelheim, revela interesantes datos sobre elmanejo de los pacientes anticoagulados. Este estudio, en el que han colaborado numerosos expertos y especialistas de diferentes sociedades médicas, ha analizado las percepciones de cerca de 900 médicos de distintas especialidades distribuidos entre 456 hospitales y 437 centros de salud repartidos por todas las comunidades autónomas del país. Con los resultados obtenidos, SAMOA ha permitido identificar una serie de retos a considerar por parte de todos los actores implicados, con el objetivo de mejorar el día a día de estos pacientes.
Tal como explica el Dr. Barrios, presidente de la sección de Cardiología Clínica de la Sociedad Española de Cardiología (SEC): el estudio ha detectado diversas deficiencias en el manejo de los pacientes anticoagulados, en especial, una falta de protocolos de actuación. “Dichas deficiencias no han sorprendido a los profesionales, ya que son carencias que todos intuían. En ese sentido, este estudio ha proporcionado una constatación objetiva” afirma el Dr. Barrios.
Según el Informe SAMOA, el tratamiento anticoagulante se indica al 42% de los pacientes con fibrilación auricular ya en centro de salud. En el resto de los casos, estos pacientes se derivan a servicios especializados: cardiología (32%), hematología (10%) y urgencias (9%). Así, en la mayoría de casos es el médico de atención primaria quien inicia este tratamiento (45%).
En el proceso de derivación al especialista, actualmente transcurren 2 días para 1 de cada 4 pacientes (25,3%). Sin embargo, para el 34,5% de los pacientes a los que se detecta fibrilación auricular transcurren más de 9 días hasta que son atendidos por un especialista. A nivel general, tanto en los centros hospitalarios, como en los centros de salud se aprecia una carencia de guías y protocolos para el seguimiento de pacientes anticoagulados. Especialmente en el caso de los ACODs, ya que así lo afirma el 50% de sus profesionales.
Las principales trabas para el manejo de pacientes anticoagulados detectadas en este informe son las barreras administrativas a la libre prescripción (65%), los circuitos de prescripción y control (62%), la educación (42%) y los medios técnicos (23%).


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