FRAUDE | Implantes mamarios
Las españolas, en pie de guerra por las PIP
Vídeo: Atlas
Imagen de un implante mamario de la marca PIP. | EL MUNDO- Las afectadas quieren demandar a los cirujanos, los proveedores y las clínicas
- Reclaman que 'no se nos niegue asistencia médica en el sistema público'
Mientras Jean-Claude Mas se sienta en el banquillo, en España las afectadas se mantienen a la expectativa. "Por la edad que tiene [73 años], no creo que la condena sea ejemplar", señala Eva Giménez, presidente de la Asociación Nacional de Afectadas por las prótesis PIP y una de las más de 18.500 afectadas que se calcula que hay en España.
Aunque las españolas no forman parte de las 5.000 demandantes de todo el mundo que participan en el proceso penal abierto contra el fundador de las PIP, no desisten en su lucha legal. "No queremos que se le culpe sólo a Jean-Claude Mas. Queremos justicia, que se juzgue a todos los responsables de este atentado contra la salud, desde el que fabricaba los implantes hasta quienes los metían en nuestro cuerpo. No buscamos compensación económica sino que vayan a la cárcel", argumenta Eva.
Por esta razón, desde hace poco más de un año, la Asociación Nacional de Afectadas por las prótesis PIP está preparando "una demanda, y en su caso una querella, contra el Ministerio de Sanidad, por no controlar un producto que se comercializaba en España, y contra los cirujanos, por no notificar las complicaciones que se iban derivando de estas prótesis; también contra los proveedores y las clínicas".
Una de las quejas de las afectadas es la ausencia de estadística. Aún no hay datos oficiales en nuestro país ni del número de prótesis mamarias PIP implantadas (se estima que unas 37.000), ni de cuántas mujeres las llevan ni del porcentaje de roturas de dicho material ni tampoco de las complicaciones que está causando en la salud de las portadoras.
Como explica Marta García Redondo, secretaria general de la Sociedad Española de Cirugía Plástica y Reparadora (Secpre), "no hay un sistema de notificación (un registro nacional de implantes) que lleve el recuento", aunque ahora, "en la Secpre, a petición del Ministerio de Sanidad, estamos diseñando un sistema de notificación que esperemos entre en funcionamiento este año". De momento, "en el comité de seguimiento constituido por el Ministerio de Sanidad para estos implantes (formado por la secpre, la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria, el Instituto Nacional de Estadística y la Agencia española del medicamento) "estamos trabajando para tener resultados definitivos antes de que termine el año".
Sin embargo, la realidad es mucho más complicada. A todos los obstáculos, se suma un problema de atensión. "Queremos que se nos escuche, que no se nos dé de lado y que no se nos niegue la atención médica" en el sistema público, reclama Eva. Según cuenta, cuando una mujer con implantes PIP acude a su médico de cabecera, "por ejemplo por adenopatías axilares, lo suele hacer (por protocolo) es derivarnos al cirujano (privado) que nos implantó las prótesis". Esto, evidentemente, "conlleva pruebas como la ecografía (podría tratarse de un cáncer) que conllevan un coste (unos 90 euros). No entiendo por qué se ponen tantas trabas en el sistema público para examinarnos. También pagamos nuestros impuestos y tenemos derechos. Ningún médico le niega asistencia médica a alguien con problemas de salud causados por el tabaco".
Lo más adecuado, subraya Jaume Serra, cirujano plástico y reparador del Hospital Virgen del Consuelo (Valencia), "sería hacer lo que Francia y otros países como Reino Unido, por un principio de precaución, recomendar a todas las afectadas la retirada de las prótesis PIP". Una opinión que comparte también la doctora García Redondo, quien considera que, ante los posibles riesgos, "mejor retirarlas".
El creador de las PIP dice que estos implantes no eran malos para la salud | Mujer | elmundo.es
El fundador de las PIP, en la sala del tribunal de justicia de Marsella (Francia). | Efe
Aunque las españolas no forman parte de las 5.000 demandantes de todo el mundo que participan en el proceso penal abierto contra el fundador de las PIP, no desisten en su lucha legal. "No queremos que se le culpe sólo a Jean-Claude Mas. Queremos justicia, que se juzgue a todos los responsables de este atentado contra la salud, desde el que fabricaba los implantes hasta quienes los metían en nuestro cuerpo. No buscamos compensación económica sino que vayan a la cárcel", argumenta Eva.
Por esta razón, desde hace poco más de un año, la Asociación Nacional de Afectadas por las prótesis PIP está preparando "una demanda, y en su caso una querella, contra el Ministerio de Sanidad, por no controlar un producto que se comercializaba en España, y contra los cirujanos, por no notificar las complicaciones que se iban derivando de estas prótesis; también contra los proveedores y las clínicas".
Una de las quejas de las afectadas es la ausencia de estadística. Aún no hay datos oficiales en nuestro país ni del número de prótesis mamarias PIP implantadas (se estima que unas 37.000), ni de cuántas mujeres las llevan ni del porcentaje de roturas de dicho material ni tampoco de las complicaciones que está causando en la salud de las portadoras.
Como explica Marta García Redondo, secretaria general de la Sociedad Española de Cirugía Plástica y Reparadora (Secpre), "no hay un sistema de notificación (un registro nacional de implantes) que lleve el recuento", aunque ahora, "en la Secpre, a petición del Ministerio de Sanidad, estamos diseñando un sistema de notificación que esperemos entre en funcionamiento este año". De momento, "en el comité de seguimiento constituido por el Ministerio de Sanidad para estos implantes (formado por la secpre, la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria, el Instituto Nacional de Estadística y la Agencia española del medicamento) "estamos trabajando para tener resultados definitivos antes de que termine el año".
La diferencia entre Francia y España
A diferencia de Francia, donde las autoridades recomendaban que las mujeres con implantes PIP procedieran a quitárselos y además sufragaban los gastos que conllevaba dicha cirugía, en España sólo se recomienda la retirada de los mismos en caso de rotura y, en cuanto a los gastos, en teoría, corren a cargo de las afectadas.Sin embargo, la realidad es mucho más complicada. A todos los obstáculos, se suma un problema de atensión. "Queremos que se nos escuche, que no se nos dé de lado y que no se nos niegue la atención médica" en el sistema público, reclama Eva. Según cuenta, cuando una mujer con implantes PIP acude a su médico de cabecera, "por ejemplo por adenopatías axilares, lo suele hacer (por protocolo) es derivarnos al cirujano (privado) que nos implantó las prótesis". Esto, evidentemente, "conlleva pruebas como la ecografía (podría tratarse de un cáncer) que conllevan un coste (unos 90 euros). No entiendo por qué se ponen tantas trabas en el sistema público para examinarnos. También pagamos nuestros impuestos y tenemos derechos. Ningún médico le niega asistencia médica a alguien con problemas de salud causados por el tabaco".
Lo más adecuado, subraya Jaume Serra, cirujano plástico y reparador del Hospital Virgen del Consuelo (Valencia), "sería hacer lo que Francia y otros países como Reino Unido, por un principio de precaución, recomendar a todas las afectadas la retirada de las prótesis PIP". Una opinión que comparte también la doctora García Redondo, quien considera que, ante los posibles riesgos, "mejor retirarlas".
El creador de las PIP dice que estos implantes no eran malos para la salud | Mujer | elmundo.es
FRAUDE | Prótesis mamarias
El creador de las PIP dice que estos implantes no eran malos para la salud
El fundador de las PIP, en la sala del tribunal de justicia de Marsella (Francia). | Efe- Jean-Claude Mas asegura que el gel que él creó era 'superior' al autorizado
- Y añade: 'No estaba homologado, pero era homologable'
- Los trabajadores de la empresa estaban al corriente del uso de este gel
- Según afirman, Mas se comportaba con ellos como un dictador
Jean-Claude Mas, creador de unas prótesis mamarias no conformes a la ley, ha asegurado este viernes en el juicio que afronta por fraude en Francia que sus implantes "no ponían en riesgo" la salud de las pacientes que los portaban.
En su comparecencia ante los jueces, Mas, de 73 años, confesó que las prótesis mamarias que comercializó durante una década no estaban fabricadas con la silicona autorizada y que engañó a los inspectores, pero agregó que ese producto no era dañino para la salud de las mujeres.
El fundador de la empresa Poly Implant Prothèse (PIP) afirmó que su producto "no estaba homologado, pero era homologable" y aseguró que en algunos aspectos el gel que él creó era "superior" al único autorizado, de fabricación estadounidense.
Mas relató que obtuvo la fórmula de sus implantes de un empresario para el que trabajó y aseguró que de haber tenido el dinero necesario hubiera podido homologar el producto.
En el juicio también compareció un empleado de PIP, que forma parte de los cinco acusados, y que afirmó que todos los trabajadores de la empresa, unos 140, estaban al corriente del uso de un producto no autorizado, pero que Mas se comportaba con ellos como un dictador.
Afirmó, además, que los sindicatos guardaron silencio porque el uso del gel homologado se hubiera traducido en bajadas de salarios.
Según la acusación, el producto utilizado para la fabricación de los implantes PIP era diez veces más barato que el homologado, lo que permitió a la empresa radicada en el sureste de Francia ahorrar un millón de euros al año.
La actividad, ocultada a los inspectores, saltó a la luz ante las denuncias de varios cirujanos que detectaron una mayor tasa de ruptura de los implantes PIP que los de otras marcas.
La "número dos" del grupo señaló que era consciente del uso de un gel no homologado, "pero no del riesgo" que suponía su implante.
El "macrojuicio", que está previsto que dure un mes, comenzó hace dos días en Marsella, al sureste de Francia, y cuenta con más de 5.000 denunciantes representadas por 300 abogados.
Ello, unido a la gran espectación mediática que ha presentado el juicio, ha obligado a abrir un espacio especial en un recinto ferial para acoger las audiencias.
En su comparecencia ante los jueces, Mas, de 73 años, confesó que las prótesis mamarias que comercializó durante una década no estaban fabricadas con la silicona autorizada y que engañó a los inspectores, pero agregó que ese producto no era dañino para la salud de las mujeres.
El fundador de la empresa Poly Implant Prothèse (PIP) afirmó que su producto "no estaba homologado, pero era homologable" y aseguró que en algunos aspectos el gel que él creó era "superior" al único autorizado, de fabricación estadounidense.
Mas relató que obtuvo la fórmula de sus implantes de un empresario para el que trabajó y aseguró que de haber tenido el dinero necesario hubiera podido homologar el producto.
En el juicio también compareció un empleado de PIP, que forma parte de los cinco acusados, y que afirmó que todos los trabajadores de la empresa, unos 140, estaban al corriente del uso de un producto no autorizado, pero que Mas se comportaba con ellos como un dictador.
Afirmó, además, que los sindicatos guardaron silencio porque el uso del gel homologado se hubiera traducido en bajadas de salarios.
Según la acusación, el producto utilizado para la fabricación de los implantes PIP era diez veces más barato que el homologado, lo que permitió a la empresa radicada en el sureste de Francia ahorrar un millón de euros al año.
Comercialización mundial
El grupo comercializó las prótesis durante una década y en sus mejores años llegó a tener el 84% de su facturación fuera de Francia, en particular en América Latina, donde en países como Venezuela se calcula que vendieron 33.000 implantes.La actividad, ocultada a los inspectores, saltó a la luz ante las denuncias de varios cirujanos que detectaron una mayor tasa de ruptura de los implantes PIP que los de otras marcas.
La "número dos" del grupo señaló que era consciente del uso de un gel no homologado, "pero no del riesgo" que suponía su implante.
El "macrojuicio", que está previsto que dure un mes, comenzó hace dos días en Marsella, al sureste de Francia, y cuenta con más de 5.000 denunciantes representadas por 300 abogados.
Ello, unido a la gran espectación mediática que ha presentado el juicio, ha obligado a abrir un espacio especial en un recinto ferial para acoger las audiencias.
.png)
No hay comentarios:
Publicar un comentario