Una crisis que trastorna
El número de personas que empiezan a tratarse de problemas mentales aumenta un 75%
Las unidades especializadas del SAS atendieron a más de 250.000 pacientes el año pasado
En 2007, antes de que se iniciara la crisis, las unidades de salud mental de la sanidad pública andaluza atendieron a 98.578 personas que acudieron por primera vez a tratarse de algún trastorno mental. Cinco años después, en 2012, el número de estas primeras consultas rozó las 173.000, una cifra parecida a la del año anterior. Desde que se inició la recesión económica los nuevos pacientes con problemas mentales han aumentado nada menos que un 75%. Los especialistas del Servicio Andaluz de Salud atendieron a más de 253.000 andaluces con trastornos mentales en 2012 y pasaron 1.273.000 consultas.
Buena parte del incremento de afectados se explica por los efectos de una crisis que dura ya seis años y que está dejando a miles de andaluces al borde de la locura tras encadenar largos periodos sin encontrar empleo, perder sus viviendas, ver cómo se frustran sus proyectos de vida o comprobar que no hay dinero ni para alimentar a los hijos. “La crisis ha provocado un gran aumento de los casos de depresión o ansiedad”, confirma Eulalio Valmisa, coordinador adjunto del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía. “Y hay estudios que relacionan el aumento de las tasas de suicidio con el desempleo”, añade. Los cuadros de depresión y ansiedad son los más comunes entre las personas que hasta estos últimos años nunca habían sufrido problemas mentales. A ellos se unen los pacientes afectados por trastornos más graves como esquizofrenia, trastorno bipolar u otras enfermedades psíquicas, de carácter más crónico y menos coyuntural.
Se han emancipado de sus familiares, que hasta ahora eran quienes les apoyaban y defendían. El mayor ejemplo es la federación En primera persona, pionera en España en agrupar a asociaciones de enfermos mentales, con ámbito andaluz. Su presidente, José Manuel Arévalo, que padece un trastorno bipolar, reconoce que se ha avanzado mucho en el tratamiento a los enfermos mentales, pero pide más. “Hay traslados al hospital por crisis agudas que se hacen con medidas coercitivas (atados o sedados), con abusos, ligereza, sin consentimiento del paciente o sin estar debidamente justificados”, afirma. Un informe del Defensor del Pueblo Andaluz de este año incidía en que el respeto de los derechos del enfermo mental era uno de los aspectos del sistema que había que mejorar, una circunstancia que el propio Plan Integral de Salud Mental de la Junta reconoce, según su coordinador adjunto, Eulalio Valmisa. Por eso, En primera persona está elaborando, en colaboración con especialistas del Servicio Andaluz de Salud, una “carta de derechos” de los enfermos de salud mental, documento que será de obligada aplicación en la atención sanitaria.
Pero, aunque la crisis influye notablemente, el incremento en las consultas de salud mental va más allá de los problemas originados por las dificultades económicas. “Cada vez son más patólogicos los problemas comunes que surgen en la vida”, afirma José Manuel Arévalo, presidente de En primera persona, nombre de la Federación Andaluza de Asociaciones de Usuarios de Salud Mental. Arévalo quiere decir que situaciones difíciles pero inherentes a la vida como la pérdida de un ser querido o una ruptura sentimental, que antes solo requerían para superarlas un periodo de duelo y sufrimiento en soledad o con el apoyo de amigos y familiares, ahora se llevan a la consulta del especialista. “Esta demanda de casos leves está provocando que disminuya el tiempo de atención para pacientes con problemas crónicos y más graves”, dice Arévalo. “La sociedad actual genera más trastornos mentales”, apunta el responsable del Plan de Salud Mental. El ritmo de vida urbano, el estrés, el aumento de divorcios, de madres que llevan a cuestas su casa, hijos y trabajo, la competitividad laboral, la felicidad basada en el consumo y posesión de bienes materiales, las altas metas personales y profesionales que muchos se marcan y no alcanzan, hacen que, en un momento dado, la mente diga basta y estalle.
“Además, ahora toleramos menos el dolor y el sufrimiento”, añade Valmisa, lo que hace que se busque el apoyo médico de psicólogos y psiquiatras, un paso que hoy en día muchos dan sin ocultarlo, casi con naturalidad. “Se está perdiendo el estigma de ir al psicólogo o al psiquiatra”, reconoce Valmisa, “sobre todo en personas jóvenes y con formación cultural avanzada, en parte por influencia del cine y la televisión, que han ayudado a dotar incluso de un cierto prestigio y estatus social a quienes se tumban en un diván, emulando a Woody Allen”.
En el otro extremo, sin embargo, se encuentran las personas mayores y menos formadas, con costumbres sociales más antiguas donde impera el sufrimiento y el aguante en silencio. “Hay mucha gente que de verdad puede tener problemas mentales, pero no se detectan ni diagnostican porque no acuden al médico y permanecen ocultos”, asegura el coordinador adjunto del Plan de Salud Mental de la Junta. El caso es que las enfermedades mentales van a más. La Organización Mundial de la Salud asegura que una de cada cuatro personas desarrollará a lo largo de su vida algún trastorno y calcula que en 2030 la depresión será el principal problema de salud.
Algunos problemas, los menos graves, como estados de depresión o ansiedad pasajeros, no precisan más atención que la del médico de familia o una simple visita al especialista. Prueba de ello es que, mientras el número de primeras consultas en las unidades de salud mental andaluzas creció ese 75% entre 2007 y 2012, la cifra total de enfermos atendidos subió mucho menos en ese periodo, un 25%, y también aumentó menos el volumen total de consultas. Es decir, la mayor parte de pacientes requieren apenas unas pocas visitas al especialista para que les diagnostiquen y les prescriban un tratamiento temporal que suele solucionar el malestar, según Eulalio Valmisa.
De hecho, el Servicio Andaluz de Salud ha potenciado en los últimos años el papel de la atención primaria para atender estos casos de depresión y ansiedad sobrevenidos por la crisis e intentar evitar así que se saturen las consultas de salud mental. “Hemos dado instrumentos a los médicos de familia, como una guía de autoayuda, para tratar los problemas mentales menos graves”, explica Valmisa, que afectan especialmente a las mujeres. El año pasado, el 75% de las personas que llegaron por depresión o cuadros parecidos a los centros de salud eran mujeres de entre 31 y 50 años con cargas familiares. Con ellas se forman grupos y terapias de autoayuda que sirven para mejorar su salud mental y autoestima sin necesidad, en muchos casos, de recurrir a tratamientos farmacológicos o derivarlas a las unidades de salud mental.
Buena parte del incremento de afectados se explica por los efectos de una crisis que dura ya seis años y que está dejando a miles de andaluces al borde de la locura tras encadenar largos periodos sin encontrar empleo, perder sus viviendas, ver cómo se frustran sus proyectos de vida o comprobar que no hay dinero ni para alimentar a los hijos. “La crisis ha provocado un gran aumento de los casos de depresión o ansiedad”, confirma Eulalio Valmisa, coordinador adjunto del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía. “Y hay estudios que relacionan el aumento de las tasas de suicidio con el desempleo”, añade. Los cuadros de depresión y ansiedad son los más comunes entre las personas que hasta estos últimos años nunca habían sufrido problemas mentales. A ellos se unen los pacientes afectados por trastornos más graves como esquizofrenia, trastorno bipolar u otras enfermedades psíquicas, de carácter más crónico y menos coyuntural.
Los afectados defienden sus derechos
En el año 2000 se cerró el último hospital psiquiátrico en Andalucía, el de Miraflores, en Sevilla. Con él se daba el carpetazo al antiguo modelo de atención psiquiátrica, centrado en los tradicionales manicomios que gestionaban los servicios de beneficencia de las diputaciones. La salud mental se integró en los hospitales como un servicio sanitario más. El siguiente paso lo han dado los propios afectados, los enfermos mentales.Se han emancipado de sus familiares, que hasta ahora eran quienes les apoyaban y defendían. El mayor ejemplo es la federación En primera persona, pionera en España en agrupar a asociaciones de enfermos mentales, con ámbito andaluz. Su presidente, José Manuel Arévalo, que padece un trastorno bipolar, reconoce que se ha avanzado mucho en el tratamiento a los enfermos mentales, pero pide más. “Hay traslados al hospital por crisis agudas que se hacen con medidas coercitivas (atados o sedados), con abusos, ligereza, sin consentimiento del paciente o sin estar debidamente justificados”, afirma. Un informe del Defensor del Pueblo Andaluz de este año incidía en que el respeto de los derechos del enfermo mental era uno de los aspectos del sistema que había que mejorar, una circunstancia que el propio Plan Integral de Salud Mental de la Junta reconoce, según su coordinador adjunto, Eulalio Valmisa. Por eso, En primera persona está elaborando, en colaboración con especialistas del Servicio Andaluz de Salud, una “carta de derechos” de los enfermos de salud mental, documento que será de obligada aplicación en la atención sanitaria.
Pero, aunque la crisis influye notablemente, el incremento en las consultas de salud mental va más allá de los problemas originados por las dificultades económicas. “Cada vez son más patólogicos los problemas comunes que surgen en la vida”, afirma José Manuel Arévalo, presidente de En primera persona, nombre de la Federación Andaluza de Asociaciones de Usuarios de Salud Mental. Arévalo quiere decir que situaciones difíciles pero inherentes a la vida como la pérdida de un ser querido o una ruptura sentimental, que antes solo requerían para superarlas un periodo de duelo y sufrimiento en soledad o con el apoyo de amigos y familiares, ahora se llevan a la consulta del especialista. “Esta demanda de casos leves está provocando que disminuya el tiempo de atención para pacientes con problemas crónicos y más graves”, dice Arévalo. “La sociedad actual genera más trastornos mentales”, apunta el responsable del Plan de Salud Mental. El ritmo de vida urbano, el estrés, el aumento de divorcios, de madres que llevan a cuestas su casa, hijos y trabajo, la competitividad laboral, la felicidad basada en el consumo y posesión de bienes materiales, las altas metas personales y profesionales que muchos se marcan y no alcanzan, hacen que, en un momento dado, la mente diga basta y estalle.
“Además, ahora toleramos menos el dolor y el sufrimiento”, añade Valmisa, lo que hace que se busque el apoyo médico de psicólogos y psiquiatras, un paso que hoy en día muchos dan sin ocultarlo, casi con naturalidad. “Se está perdiendo el estigma de ir al psicólogo o al psiquiatra”, reconoce Valmisa, “sobre todo en personas jóvenes y con formación cultural avanzada, en parte por influencia del cine y la televisión, que han ayudado a dotar incluso de un cierto prestigio y estatus social a quienes se tumban en un diván, emulando a Woody Allen”.
En el otro extremo, sin embargo, se encuentran las personas mayores y menos formadas, con costumbres sociales más antiguas donde impera el sufrimiento y el aguante en silencio. “Hay mucha gente que de verdad puede tener problemas mentales, pero no se detectan ni diagnostican porque no acuden al médico y permanecen ocultos”, asegura el coordinador adjunto del Plan de Salud Mental de la Junta. El caso es que las enfermedades mentales van a más. La Organización Mundial de la Salud asegura que una de cada cuatro personas desarrollará a lo largo de su vida algún trastorno y calcula que en 2030 la depresión será el principal problema de salud.
Algunos problemas, los menos graves, como estados de depresión o ansiedad pasajeros, no precisan más atención que la del médico de familia o una simple visita al especialista. Prueba de ello es que, mientras el número de primeras consultas en las unidades de salud mental andaluzas creció ese 75% entre 2007 y 2012, la cifra total de enfermos atendidos subió mucho menos en ese periodo, un 25%, y también aumentó menos el volumen total de consultas. Es decir, la mayor parte de pacientes requieren apenas unas pocas visitas al especialista para que les diagnostiquen y les prescriban un tratamiento temporal que suele solucionar el malestar, según Eulalio Valmisa.
De hecho, el Servicio Andaluz de Salud ha potenciado en los últimos años el papel de la atención primaria para atender estos casos de depresión y ansiedad sobrevenidos por la crisis e intentar evitar así que se saturen las consultas de salud mental. “Hemos dado instrumentos a los médicos de familia, como una guía de autoayuda, para tratar los problemas mentales menos graves”, explica Valmisa, que afectan especialmente a las mujeres. El año pasado, el 75% de las personas que llegaron por depresión o cuadros parecidos a los centros de salud eran mujeres de entre 31 y 50 años con cargas familiares. Con ellas se forman grupos y terapias de autoayuda que sirven para mejorar su salud mental y autoestima sin necesidad, en muchos casos, de recurrir a tratamientos farmacológicos o derivarlas a las unidades de salud mental.
Sin prestación social y sin opción a tener un trabajo
El endurecimiento del acceso a ayudas y el paro dificultan la situación de los enfermos mentales
“Tenía reconocida una discapacidad del 37% y en la última revisión me la bajaron al 20%, lo que implica no recibir ninguna prestación. Los médicos de salud mental me dicen que estoy mal y que no puedo trabajar y los del Instituto Nacional de la Seguridad Social lo contrario, entre ellos se contradicen”, se queja Rosa Casares, granadina de 47 años, que padece un trastorno de personalidad diagnosticado desde hace dos años, con episodios de crisis agudas e incluso intentos de suicidio. Una enfermedad que le ha llevado a no poder desempeñar un empleo y a recibir tratamiento psiquiátrico y una fuerte medicación. “Pero siempre he trabajado, tengo 22 años cotizados”, asevera. Está separada y tiene dos hijos a los que no ve. “Ahora vivo con mi padre, que no tiene ingresos y no entiende mi enfermedad”, lamenta. Casares ha puesto en manos de un abogado —“solo me cobra las tasas porque no puedo costear sus honorarios”, reconoce— la denegación de la discapacidad, que está recurrida en los tribunales. Una discapacidad que, de ser reconocida, “supondría apenas 400 euros mensuales de prestación”, aclara.
Los recortes y el endurecimiento del acceso a las prestaciones han complicado aún más la vida de los enfermos mentales en época de crisis. Según el presidente de la federación de afectados En primera persona, José Manuel Arévalo, la tasa de inserción laboral de los enfermos mentales ronda el 5% o 10% en condiciones normales, pero ahora “si ya no hay trabajo para los que no sufren trastornos mentales, mucho menos para nosotros”, se queja. Además, herramientas de apoyo como la Ley de Dependencia tampoco han servido de mucho porque la norma, en sus orígenes, “se centró más en la discapacidad física y no valoraba suficientemente la discapacidad psíquica”, explica, lo que suponía que muchos enfermos mentales no pudieran acceder a las ayudas. El coordinador adjunto del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía, Eulalio Valmisa, reconoce esta deficiencia de esta ley que, “aunque se ha corregido”, dice, se encuentra ahora con la paralización de la normativa desde el Gobierno central, a lo que se añaden los retrasos en las valoraciones de las comunidades autónomas, “que solo se hacen para casos muy graves y urgentes”, añade.
En Andalucía, no obstante, la atención sanitaria en salud mental no está sufriendo los recortes que sí se están produciendo en otras regiones, como la Comunidad Valenciana. “En cierto sentido somos la envidia de otras comunidades”, afirma Arévalo. Eulalio Valmisa asegura que no se han suprimido unidades de salud mental en Andalucía (hay 77), aunque Arévalo estima que el crecimiento de pacientes producto de la crisis, junto a los ajustes sanitarios del SAS, “que no está cubriendo bajas, reduce jornadas laborales y elimina interinos está afectando a la atención sanitaria, haciendo que, por ejemplo, se alarguen las demoras para las consultas. Si antes tardaban un mes en llamarte al especialista, ahora son tres meses”, afirma.
Sin prestación social y sin opción a tener un trabajo | Andalucía | EL PAÍS
Los recortes y el endurecimiento del acceso a las prestaciones han complicado aún más la vida de los enfermos mentales en época de crisis. Según el presidente de la federación de afectados En primera persona, José Manuel Arévalo, la tasa de inserción laboral de los enfermos mentales ronda el 5% o 10% en condiciones normales, pero ahora “si ya no hay trabajo para los que no sufren trastornos mentales, mucho menos para nosotros”, se queja. Además, herramientas de apoyo como la Ley de Dependencia tampoco han servido de mucho porque la norma, en sus orígenes, “se centró más en la discapacidad física y no valoraba suficientemente la discapacidad psíquica”, explica, lo que suponía que muchos enfermos mentales no pudieran acceder a las ayudas. El coordinador adjunto del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía, Eulalio Valmisa, reconoce esta deficiencia de esta ley que, “aunque se ha corregido”, dice, se encuentra ahora con la paralización de la normativa desde el Gobierno central, a lo que se añaden los retrasos en las valoraciones de las comunidades autónomas, “que solo se hacen para casos muy graves y urgentes”, añade.
En Andalucía, no obstante, la atención sanitaria en salud mental no está sufriendo los recortes que sí se están produciendo en otras regiones, como la Comunidad Valenciana. “En cierto sentido somos la envidia de otras comunidades”, afirma Arévalo. Eulalio Valmisa asegura que no se han suprimido unidades de salud mental en Andalucía (hay 77), aunque Arévalo estima que el crecimiento de pacientes producto de la crisis, junto a los ajustes sanitarios del SAS, “que no está cubriendo bajas, reduce jornadas laborales y elimina interinos está afectando a la atención sanitaria, haciendo que, por ejemplo, se alarguen las demoras para las consultas. Si antes tardaban un mes en llamarte al especialista, ahora son tres meses”, afirma.
Sin prestación social y sin opción a tener un trabajo | Andalucía | EL PAÍS
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