TRIBUNA
La enfermedad que difumina los derechos
En el Día Mundial de la Salud Mental, el presidente de FEAFES critica los prejuicios y discriminación a la que se enfrentan cada día
Las asociaciones de personas con trastorno mental y sus familias llevamos 30 años luchando para tener que afrontar únicamente los síntomas propios de las distintas enfermedades mentales, y que a esta situación no se le añadan los prejuicios, y en ocasiones la discriminación, a la que nos enfrentamos en nuestro día a día.
Durante demasiados años, diagnósticos como depresión, esquizofrenia, o trastorno bipolar han conllevado, además del duro golpe personal y familiar, casi de forma inmediata el cuestionamiento de los derechos que podía ejercer esa persona. Una carga “extra” que tenía muy poco que ver con el propio trastorno mental, y mucho con la visión con que la sociedad miraba este tipo de problemas de la salud.
Muchos hemos visto en las históricas carencias en la atención a la salud mental la extensión del estigma que aún rodea a los trastornos de este tipo. Si en la calle muchos todavía se imaginan —erróneamente— a las personas con problemas de salud mental como seres aislados, poco capaces o extravagantes, en los pasillos de un centro de salud o en la ventanilla de una Administración se concretan esos prejuicios negando a esa persona con trastorno mental participar en su propia atención médica. Como por arte de magia, un determinado diagnóstico médico hace desaparecer la opinión de la persona afectada en su propia recuperación y el respeto a muchos de sus derechos básicos.
Hospitalizaciones que terminan sin ningún tipo de seguimiento médico posterior. Oídos sordos a las peticiones de los pacientes y sus familias. Falta de información sobre la propia enfermedad o sobre el tratamiento propuesto. Medidas de aislamiento que no permiten el contacto con familiares durante días. Situaciones imposibles de imaginar en otro tipo de problemas de salud son, todavía hoy, parte de la rutina de miles de personas con enfermedad mental y sus familias en la España de 2013.
Entre todas las vulneraciones de derechos, como ciudadanos y como pacientes, cabe destacar la negativa a la mayoría de personas con trastorno mental a participar en la toma de decisiones sobre su propia recuperación. Una vulneración de derechos particularmente grave en estos casos, ya que es absolutamente necesaria la implicación de la persona para que el tratamiento sea efectivo.
Por todo ello, este año FEAFES, de cara al Día Mundial que se celebra este jueves, ha escogido como lema “Alternativas frente a la crisis. El valor de nuestros derechos”. Porque no estamos dispuestos a que la crisis sirva de excusa para mantener la desatención y la discriminación a la que se ha sometido a miles de personas con trastorno mental y sus familias.
Hemos comprobado que con un tratamiento adecuado y continuo, estos problemas de salud se convierten sencillamente en una circunstancia más de la persona, que no impiden el ejercicio de ninguno de sus derechos. Conocemos las medidas necesarias para que cualquiera pueda tener acceso a ese conjunto de apoyos, médicos y sociales. Y además sabemos que no constituye un aumento en el gasto público porque reduce drásticamente las dos partidas más costosas, ingresos hospitalarios y medicación.
Ahora solo queda que el conjunto de las Administraciones apuesten decididamente por un modelo que tenga como objetivo una recuperación plena, protagonizada por la propia persona con trastorno mental, y no se centre simplemente en paliar sus síntomas. De ello depende que el diagnóstico de un trastorno mental deje de ser sinónimo de vulneración de derechos.
Durante demasiados años, diagnósticos como depresión, esquizofrenia, o trastorno bipolar han conllevado, además del duro golpe personal y familiar, casi de forma inmediata el cuestionamiento de los derechos que podía ejercer esa persona. Una carga “extra” que tenía muy poco que ver con el propio trastorno mental, y mucho con la visión con que la sociedad miraba este tipo de problemas de la salud.
Muchos hemos visto en las históricas carencias en la atención a la salud mental la extensión del estigma que aún rodea a los trastornos de este tipo. Si en la calle muchos todavía se imaginan —erróneamente— a las personas con problemas de salud mental como seres aislados, poco capaces o extravagantes, en los pasillos de un centro de salud o en la ventanilla de una Administración se concretan esos prejuicios negando a esa persona con trastorno mental participar en su propia atención médica. Como por arte de magia, un determinado diagnóstico médico hace desaparecer la opinión de la persona afectada en su propia recuperación y el respeto a muchos de sus derechos básicos.
Hospitalizaciones que terminan sin ningún tipo de seguimiento médico posterior. Oídos sordos a las peticiones de los pacientes y sus familias. Falta de información sobre la propia enfermedad o sobre el tratamiento propuesto. Medidas de aislamiento que no permiten el contacto con familiares durante días. Situaciones imposibles de imaginar en otro tipo de problemas de salud son, todavía hoy, parte de la rutina de miles de personas con enfermedad mental y sus familias en la España de 2013.
Entre todas las vulneraciones de derechos, como ciudadanos y como pacientes, cabe destacar la negativa a la mayoría de personas con trastorno mental a participar en la toma de decisiones sobre su propia recuperación. Una vulneración de derechos particularmente grave en estos casos, ya que es absolutamente necesaria la implicación de la persona para que el tratamiento sea efectivo.
Por todo ello, este año FEAFES, de cara al Día Mundial que se celebra este jueves, ha escogido como lema “Alternativas frente a la crisis. El valor de nuestros derechos”. Porque no estamos dispuestos a que la crisis sirva de excusa para mantener la desatención y la discriminación a la que se ha sometido a miles de personas con trastorno mental y sus familias.
Hemos comprobado que con un tratamiento adecuado y continuo, estos problemas de salud se convierten sencillamente en una circunstancia más de la persona, que no impiden el ejercicio de ninguno de sus derechos. Conocemos las medidas necesarias para que cualquiera pueda tener acceso a ese conjunto de apoyos, médicos y sociales. Y además sabemos que no constituye un aumento en el gasto público porque reduce drásticamente las dos partidas más costosas, ingresos hospitalarios y medicación.
Ahora solo queda que el conjunto de las Administraciones apuesten decididamente por un modelo que tenga como objetivo una recuperación plena, protagonizada por la propia persona con trastorno mental, y no se centre simplemente en paliar sus síntomas. De ello depende que el diagnóstico de un trastorno mental deje de ser sinónimo de vulneración de derechos.
José María Sánchez Monge es presidente de FEAFES (Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental).
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