NEUROLOGÍA
Más del 70% de las personas que sufren un ictus isquémico no reciben tratamiento en las primeras 4 horas
JANO.es · 15 Octubre 2013 13:24
El proyecto 'QUICK', impulsado por Boehringer Ingelheim, evaluará el 'Sistema Código Ictus' en todas las comunidades autónomas y comprobará si el manejo de los pacientes con sospecha de ictus es el correcto.
Más del 70 por ciento de las personas que sufren un ictus isquémico no reciben tratamiento en las 4 horas y media siguientes al comienzo de los primeros síntomas, según han informado expertos durante la presentación del Proyecto 'QUICK', realizado por Boehringer Ingelheim. Esta tardanza, han advertido, se traduce en un aumento "significativo" de pacientes dependientes y discapacitados, en una disminución de la calidad de los enfermos y en un "elevado" gasto sociosanitario.
Por este motivo, Boehringer Ingelheim ha impulsado el proyecto 'QUICK', cuyo objetivo es evaluar el 'Sistema Código Ictus' en todas las comunidades autónomas y comprobar si el manejo de los pacientes con sospecha de ictus es el correcto para, así, detectar posibles retrasos en su atención para en una segunda fase corregirlos.
De hecho, en España, ya está desarrollado un sistema de atención sanitaria al ictus ('Código Ictus') en todas las comunidades que permite que los pacientes acudan rápidamente a un hospital. Sin embargo, todavía hay pacientes que no se benefician de este tipo de atención por no saber reconocer los síntomas de un ataque cerebral y retrasarse en solicitar ayuda al 112.
El proyecto 'QUICK', enmarcado dentro de una iniciativa pionera de Boehringer Ingelheim a escala europea, se llevará a cabo en ocho centros hospitalarios españoles: el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, el Hospital La Paz de Madrid, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el Hospital Vall Hebrón de Barcelona, el Hospital Trias y Pujol de Barcelona, el Hospital La Fe de Valencia, el Hospital Navarra y el Hospital Clínico Santiago de Galicia.
Cada centro reclutará durante un período de dos meses a 25 pacientes que acudan o sean trasladados al hospital con 'Código Ictus' activo. El objetivo es medir el intervalo de tiempo en cada paso del proceso de un ictus e identificar las áreas de mejora de todo el mecanismo de gestión.
"La implementación del proyecto ayudará a comprobar el buen funcionamiento del 'Código Ictus' en las comunidades, a reducir los tiempos desde que el paciente acude al hospital y a conseguir minimizar al máximo sus secuelas", ha señalado en la presentación el coordinador del Proyecto 'QUICK' en España y coordinador de la Unidad de Ictus del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, Jaime Masjuan.
La causa más frecuente de hospitalización y de prolongación de la estancia hospitalaria
Por su parte, el coordinador del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología (GEECV/SEN), Jaime Gallego, ha recordado que el ictus es la causa más frecuente de hospitalización y de prolongación de la estancia hospitalaria y ha destacado la necesidad de acelerar "todos los procedimientos" de atención a los pacientes para que reciban el tratamiento en el "menor tiempo posible".
De hecho, en España, el ictus es la segunda causa de muerte, la primera en mujeres, y afecta cada año a más de 130.000 personas, de las cuales 80.000 fallecen o quedan con alguna discapacidad. Concretamente, la mortalidad por ictus isquémico es del 15 por ciento de los pacientes en los primeros 30 días y del 33 por ciento de los pacientes al cabo de un año si no son tratados específicamente.
Además, desde el punto de vista económico, los costes sanitarios en el primer año tras el diagnóstico de un ictus son considerablemente elevados debido al ingreso hospitalario y a la rehabilitación, y están relacionados con la duración de la estancia hospitalaria del paciente.
Y es que, un paciente que sufre un ictus y queda dependiente cuesta al Estado entre 20.000 y 30.000 euros el primer año. En concreto, el ictus consume entre el 3 por ciento y el 4 por ciento del gasto sanitario en los países de rentas elevadas, distribuyéndose el 76 por ciento de los costes sanitarios directos en el primer año tras el evento, concentrados mayoritariamente en costes hospitalarios.
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